Proteger a los niños, no al Gobierno
La intención de prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales es una medida que merece ser evaluada con rigor y sin contaminación partidista. Desgraciadamente, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido mezclar una preocupación legítima —la protección de la infancia— con su particular cruzada contra los “bulos” y los dueños de las plataformas tecnológicas, enturbiando un debate que debería ser sereno y basado en la evidencia.
Porque la evidencia existe, y es cada vez más robusta. El trabajo de Jonathan Haidt, recogido en La generación ansiosa, ha catalizado una discusión que la comunidad científica venía gestando desde hace años. Los estudios más rigurosos muestran que limitar el uso de redes sociales reduce significativamente los síntomas de depresión y ansiedad en jóvenes. Los neurólogos constatan alteraciones en el desarrollo cerebral de los niños sobreexpuestos a pantallas, con consecuencias sobre la atención, la memoria y el aprendizaje. Y los datos clínicos son estremecedores: en algunos hospitales españoles, los ingresos por intentos de suicidio en menores se han multiplicado por cuatro en una década.
No hace falta ser intervencionista para reconocer que estamos ante un problema real. Una red social no es un parque público ni una biblioteca: es un entorno diseñado para maximizar la adicción mediante algoritmos que explotan las vulnerabilidades psicológicas de sus usuarios. Si los adultos formados son muchas veces incapaces de gestionar sanamente su relación con las redes, pretender que un niño de once años pueda hacerlo es una ingenuidad peligrosa. Proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos es una función legítima del Estado, del mismo modo que prohibimos la venta de alcohol o tabaco a menores.
Ahora bien, reconocer este problema no equivale a validar el relato gubernamental que lo instrumentaliza. Lo que el Gobierno pretende es una operación de embudo: partir de una premisa razonable —las redes dañan a los niños— para llegar a una conclusión tramposa: que toda información incómoda que circula en redes es desinformación y que los directivos de las plataformas deben responder penalmente por lo que publican sus usuarios. Las encuestas muestran sistemáticamente que los ciudadanos identifican a la clase política, y no a los medios de comunicación, como la principal fuente de desinformación. Calificar de bulos las investigaciones periodísticas, como hace sistemáticamente el Gobierno, no es combatir la desinformación: es intentar neutralizar al perro guardián de la democracia.
La regulación de las redes sociales para proteger a los menores debería abordarse con criterios técnicos claros, proporcionalidad y preferiblemente desde un marco europeo común, no como arma arrojadiza en la batalla política doméstica. Necesitamos una política de control acompañada de alfabetización mediática, no un Gobierno que se arroga la potestad de decidir qué medios son fiables y cuáles forman parte de una supuesta “máquina del fango”.
Protejamos a los niños de los algoritmos adictivos. Pero no confundamos esa protección con un cheque en blanco para que el poder político controle el debate público. Son cosas muy distintas, y mezclarlas deliberadamente es, en sí mismo, una forma de desinformación.